España Contemporánea
1800 — 2026

La posición de España en el sistema de alianzas europeo de finales del siglo XVIII quedó condicionada por su alineamiento con la Francia revolucionaria y, tras la Paz de Basilea (1795), por el Tratado de San Ildefonso (1796), que vinculó a la monarquía española a la política exterior francesa frente a Gran Bretaña. Esta subordinación estratégica tuvo un coste inmediato: la derrota naval de la flota combinada franco-española en el cabo de Trafalgar (21 de octubre de 1805) supuso la pérdida de buena parte de la capacidad naval española y comprometió gravemente la comunicación con los territorios americanos, ya sometidos a un bloqueo británico intermitente desde 1796.

La crisis política interna se precipitó con el Motín de Aranjuez (marzo de 1808), que forzó la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII. Napoleón Bonaparte aprovechó la disputa dinástica para convocar a ambos monarcas en Bayona, donde Fernando VII devolvió la corona a su padre y este, a su vez, la cedió a Napoleón (abdicaciones de Bayona, mayo de 1808). José I Bonaparte fue proclamado rey de España, lo que generó un vacío de legitimidad que las autoridades tradicionales no reconocieron.

El levantamiento popular del 2 de mayo de 1808 en Madrid marcó el inicio de la Guerra de la Independencia (1808-1814), un conflicto en el que confluyeron la resistencia guerrillera, el ejército regular español, las fuerzas anglo-portuguesas al mando de Arthur Wellesley (posterior duque de Wellington) y el Grand Armée francés. La guerra tuvo un carácter dual: fue simultáneamente un conflicto de liberación nacional y un teatro secundario de las guerras napoleónicas europeas, vinculado a los frentes de Europa central. Las Cortes de Cádiz, reunidas desde 1810 bajo asedio francés, promulgaron la Constitución de 1812, que estableció por primera vez en España el principio de soberanía nacional, aunque su vigencia efectiva fue limitada e intermitente durante las décadas siguientes.

El Tratado de Valençay (diciembre de 1813) restituyó el trono a Fernando VII, y la derrota francesa culminó con la batalla de Vitoria (junio de 1813) y la retirada de las tropas napoleónicas del territorio peninsular. El conflicto dejó una economía exhausta, infraestructuras dañadas y un colapso del comercio atlántico que había sido, hasta entonces, uno de los pilares de la hacienda real, al interrumpirse de forma prolongada las rutas comerciales entre la metrópoli y sus posesiones americanas.

El vacío de poder generado por la crisis de 1808 tuvo un efecto directo en los territorios americanos: ante la ausencia de un monarca legítimo reconocido, se constituyeron juntas de gobierno locales que, en un primer momento, invocaban lealtad a Fernando VII, pero que progresivamente derivaron hacia procesos de autogobierno. Entre 1810 y 1826 se sucedieron los movimientos independentistas en el virreinato del Río de la Plata, Nueva Granada, Venezuela, Chile, Perú y México, liderados por figuras como Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardo O'Higgins y Miguel Hidalgo.

La restauración absolutista de Fernando VII en 1814 optó por la vía militar para recuperar el control de los territorios americanos, enviando expediciones como la encabezada por Pablo Morillo hacia Venezuela y Nueva Granada (1815). El Trienio Liberal (1820-1823), inaugurado por el pronunciamiento de Rafael del Riego, interrumpió temporalmente estos envíos militares al reorientar los recursos hacia la política interior, lo que debilitó aún más la posición española en América.

Las derrotas decisivas en las batallas de Boyacá (1819), Carabobo (1821), Pichincha (1822) y, sobre todo, Ayacucho (diciembre de 1824) —donde el ejército realista al mando del virrey José de la Serna fue derrotado por las fuerzas de Antonio José de Sucre— pusieron fin a la presencia militar española efectiva en el continente sudamericano. Para 1826, España conservaba en América únicamente Cuba y Puerto Rico.

Las consecuencias socioeconómicas para la metrópoli fueron considerables: la pérdida de los mercados coloniales privó a la hacienda real de ingresos derivados del comercio y de los metales preciosos, agravando una deuda pública ya elevada por los costes de la Guerra de la Independencia. El reajuste comercial obligó a una reorientación parcial del comercio español hacia Europa y hacia los territorios ultramarinos remanentes, en particular Cuba, que incrementó su peso relativo en la economía exportadora española, especialmente en torno al azúcar y al tabaco.

La muerte de Fernando VII en 1833 sin descendencia masculina directa —tras la derogación de la Ley Sálica mediante la Pragmática Sanción de 1830, que permitía reinar a su hija Isabel— desencadenó un conflicto dinástico con su hermano Carlos María Isidro, que dio origen a la Primera Guerra Carlista (1833-1840). El carlismo, con fuerte implantación en el País Vasco, Navarra y zonas de Cataluña y Aragón, defendía el absolutismo, el fuerismo y una concepción tradicionalista del orden social frente al liberalismo isabelino, apoyado por Gran Bretaña, Francia y Portugal en el marco de la Cuádruple Alianza (1834). El conflicto se cerró con el Convenio de Vergara (1839), aunque brotes carlistas posteriores —la Segunda Guerra Carlista (1846-1849) y la Tercera (1872-1876)— reaparecieron a lo largo del siglo.

El reinado de Isabel II (1833-1868) estuvo marcado por una alternancia inestable entre gobiernos moderados y progresistas, frecuentemente resuelta mediante pronunciamientos militares antes que por cauces estrictamente parlamentarios. Esta inestabilidad política —con sucesivas constituciones (1837, 1845, 1856 non-nata, 1869) y gobiernos de corta duración— limitó la capacidad de España para sostener una política exterior consistente. Episodios como la Guerra de África (1859-1860) contra Marruecos, que concluyó con el Tratado de Wad-Ras y la ampliación del territorio de Ceuta, o la intervención en la Guerra del Pacífico frente a Perú y Chile (1864-1866), tuvieron un alcance limitado y no revirtieron la pérdida de influencia relativa de España en el concierto europeo, dominado entonces por el equilibrio de potencias posterior al Congreso de Viena y, después de 1871, por el nuevo orden surgido de la unificación alemana.

La revolución de 1868 ("La Gloriosa") derrocó a Isabel II e inauguró el Sexenio Democrático (1868-1874), un periodo de intensa experimentación institucional que incluyó la monarquía de Amadeo I de Saboya (1870-1873), la Primera República española (1873-1874) y una nueva Guerra Carlista simultánea. La fragmentación política interna —con hasta cuatro presidentes republicanos en un año— y el estallido de la Guerra de los Diez Años en Cuba (1868-1878) reflejaban la incapacidad del Estado español para proyectar estabilidad, lo que redujo su margen de maniobra diplomática frente a las grandes potencias europeas. El pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto (1874) restauró la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, dando paso al sistema canovista de la Restauración, basado en la alternancia pactada entre conservadores y liberales.

La Guerra de Independencia cubana se reanudó en 1895 (Guerra de Cuba, 1895-1898) bajo el liderazgo de José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo, mientras que en Filipinas el movimiento independentista liderado por Andrés Bonifacio y, posteriormente, Emilio Aguinaldo, se organizó desde 1896. La política española de contrainsurgencia en Cuba, dirigida por el general Valeriano Weyler mediante la "reconcentración" de la población rural, generó un elevado coste humanitario que fue ampliamente difundido por la prensa estadounidense.

La voladura del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana (15 de febrero de 1898), cuyas causas no fueron establecidas de forma concluyente en su momento, sirvió de detonante para la intervención de Estados Unidos, que declaró la guerra a España en abril de 1898. El conflicto se resolvió con rapidez y de forma desfavorable para España en los dos frentes: la escuadra española del Pacífico fue destruida en la batalla de Cavite (1 de mayo de 1898) y la del Atlántico en la batalla naval de Santiago de Cuba (3 de julio de 1898).

El Tratado de París (10 de diciembre de 1898) puso fin a la guerra hispano-estadounidense: España renunció a la soberanía sobre Cuba —que quedó bajo ocupación estadounidense y posterior independencia condicionada por la Enmienda Platt (1901)— y cedió Puerto Rico, Guam y Filipinas a Estados Unidos a cambio de una compensación de 20 millones de dólares. Las posesiones restantes en el Pacífico (islas Carolinas, Marianas y Palaos) fueron vendidas a Alemania mediante el Tratado Hispano-Alemán de 1899.

El "Desastre del 98" tuvo un efecto de gran calado en la percepción interna del papel internacional de España, dando lugar a un debate intelectual y político —asociado a la llamada "Generación del 98"— sobre las causas del declive nacional. En términos de política exterior, supuso la liquidación definitiva del imperio ultramarino español, reduciendo la presencia colonial española a los territorios del norte de África (Ifni, Sáhara Occidental y, desde 1912, el Protectorado de Marruecos), y marcó el final de España como potencia con proyección global comparable a la de Gran Bretaña, Francia o, emergentemente, Estados Unidos.

España mantuvo la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), una posición que, si bien evitó el desgaste bélico directo, permitió un notable auge exportador hacia los países beligerantes, especialmente en sectores agrícolas, textiles y siderúrgicos. Este auge, sin embargo, no se tradujo en una modernización estructural sostenida de la economía y generó fuertes tensiones inflacionarias y sociales, visibles en episodios como la crisis de 1917 (huelga general revolucionaria, Juntas de Defensa militares y Asamblea de Parlamentarios).

La Conferencia de Algeciras (1906) y el Tratado franco-español de 1912 habían establecido el reparto de Marruecos en zonas de influencia francesa y española, constituyendo el Protectorado español de Marruecos en la región del Rif. La administración de este territorio implicó un coste militar y financiero sostenido y un elevado desgaste político. La Guerra del Rif (1911-1927) enfrentó al ejército español con las cabilas rifeñas, primero bajo liderazgo disperso y después bajo la organización de Abd el-Krim, que en 1921 proclamó la República del Rif.

El episodio más grave de este conflicto fue el Desastre de Annual (julio de 1921), en el que las fuerzas españolas al mando del general Manuel Fernández Silvestre sufrieron una derrota con más de diez mil bajas, un impacto que tuvo repercusiones políticas directas en la Península, incluida la instrucción del "Expediente Picasso" sobre responsabilidades militares. La resolución del conflicto llegó con el desembarco de Alhucemas (1925), una operación anfibia conjunta con Francia dirigida bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930), que condujo a la rendición de Abd el-Krim en 1926 y a la consolidación efectiva del Protectorado.

La proclamación de la Segunda República española (14 de abril de 1931) inauguró un periodo de reformas orientadas a la modernización institucional, con una política exterior que priorizó la adhesión a la Sociedad de Naciones y una orientación general hacia Francia y Gran Bretaña, sin alcanzar en este ámbito una proyección internacional comparable a la intensidad de su agenda de política interior.

El golpe de Estado militar de julio de 1936, que no logró su objetivo inicial de triunfo inmediato, derivó en la Guerra Civil española (1936-1939), un conflicto que adquirió rápidamente una dimensión internacional. El Comité de No Intervención, constituido en Londres en agosto de 1936 con participación de 27 países incluidas las principales potencias europeas, estableció formalmente un embargo de armas hacia ambos bandos, si bien su aplicación fue asimétrica y ampliamente incumplida.

La Italia fascista de Benito Mussolini y la Alemania nazi de Adolf Hitler proporcionaron al bando sublevado, encabezado por Francisco Franco desde octubre de 1936, apoyo militar sustancial: la Legión Cóndor alemana (con episodios como el bombardeo de Guernica en abril de 1937) y el Corpo Truppe Volontarie italiano aportaron aviación, blindados y tropas. La Unión Soviética, por su parte, suministró armamento, asesores militares y apoyo logístico al bando republicano, mientras que las Brigadas Internacionales, coordinadas por la Internacional Comunista, reclutaron voluntarios de decenas de países. México fue el otro gran suministrador de material bélico a la República.

La guerra concluyó el 1 de abril de 1939 con la victoria de las fuerzas franquistas, en un contexto internacional que, meses después, desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. El conflicto español ha sido descrito por la historiografía como un ensayo de las alianzas y tecnologías militares que caracterizarían el enfrentamiento europeo posterior.

Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, España declaró la neutralidad (septiembre de 1939), modificada en junio de 1940 a "no beligerancia" tras la caída de Francia, una fórmula que permitía mayor proximidad al Eje sin comprometer la entrada formal en el conflicto. La entrevista de Hendaya entre Franco y Hitler (octubre de 1940) no culminó en un acuerdo de incorporación española a la guerra, debido a las condiciones territoriales exigidas por España en el norte de África, consideradas insuficientes por Hitler.

España contribuyó, no obstante, al esfuerzo del Eje mediante el envío de la División Azul (1941-1943), una unidad de voluntarios integrada en el ejército alemán que combatió en el frente oriental, particularmente en el sitio de Leningrado, en el marco de la cruzada anticomunista proclamada por el régimen tras la invasión alemana de la URSS.

Con la derrota del Eje en 1945, el régimen franquista quedó diplomáticamente aislado. La Conferencia de Potsdam (julio-agosto de 1945) excluyó a España del ingreso en la naciente Organización de las Naciones Unidas, y la Asamblea General de la ONU aprobó en diciembre de 1946 la Resolución 39 (I), que recomendaba la retirada de embajadores de Madrid y excluía a España de los organismos internacionales vinculados a la ONU, calificando al gobierno franquista de régimen instaurado con apoyo del Eje. Francia cerró temporalmente la frontera pirenaica (1946-1948) y España quedó excluida del Plan Marshall (1948), lo que agravó una situación económica ya marcada por el racionamiento y la autarquía.

El inicio de la Guerra Fría y la creciente prioridad estratégica estadounidense de contener a la Unión Soviética modificaron la posición internacional de España, pese a la persistencia de un régimen no democrático. Estados Unidos, interesado en la posición geoestratégica de la península ibérica, negoció con el gobierno de Franco los Pactos de Madrid (23 de septiembre de 1953), un conjunto de acuerdos bilaterales que autorizaban el establecimiento de bases militares estadounidenses en territorio español —Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza— a cambio de ayuda económica y militar.

Este acercamiento bilateral con Washington precedió y facilitó la progresiva reincorporación de España a los foros internacionales: en diciembre de 1955, la Asamblea General de la ONU aprobó el ingreso de España como Estado miembro, en el marco de una admisión conjunta de dieciséis países que puso fin al bloqueo diplomático de posguerra. España ingresó asimismo en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 1958, sentando las bases institucionales para la posterior liberalización económica de finales de la década.

El Plan de Estabilización de 1959, elaborado con asesoramiento del Fondo Monetario Internacional y la OCDE, puso fin al modelo autárquico e introdujo medidas de liberalización comercial, devaluación de la peseta y disciplina fiscal. Este viraje impulsó el llamado "desarrollismo" de la década de 1960, caracterizado por un crecimiento industrial sostenido, la expansión del turismo como fuente de divisas y una intensa emigración de mano de obra española hacia Europa occidental, particularmente Alemania, Francia y Suiza, en el marco de acuerdos bilaterales de migración laboral.

En el plano diplomático, la etapa tardofranquista gestionó la descolonización de los últimos territorios africanos: Guinea Ecuatorial obtuvo la independencia en 1968 e Ifni fue retrocedido a Marruecos en 1969. La cuestión del Sahara Occidental se agudizó en 1975, cuando Marruecos organizó la "Marcha Verde" (noviembre de 1975), una movilización civil de aproximadamente 350.000 personas hacia el territorio saharaui, coincidiendo con la enfermedad terminal de Franco. Los Acuerdos de Madrid (14 de noviembre de 1975), firmados entre España, Marruecos y Mauritania, establecieron la retirada española y la administración tripartita provisional del territorio, sin resolver la cuestión de su estatuto definitivo, que el Frente Polisario —constituido en 1973— disputó mediante la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (1976).

Tras la muerte de Franco (noviembre de 1975) y la instauración de la monarquía parlamentaria en la persona de Juan Carlos I, la Transición democrática (1975-1982) estableció un marco de consenso constitucional —refrendado en la Constitución de 1978— que también se extendió, de forma más tardía y conflictiva, a la política exterior. El ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) fue objeto de un intenso debate parlamentario y social: el gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo formalizó la adhesión en mayo de 1982, mientras que el PSOE, entonces en la oposición, mantuvo una posición inicialmente contraria.

Una vez en el gobierno, el Ejecutivo de Felipe González convocó un referéndum sobre la permanencia en la OTAN (12 de marzo de 1986), en el que la opción afirmativa —condicionada a la no incorporación a la estructura militar integrada, la reducción de la presencia militar estadounidense y el mantenimiento de la prohibición constitucional de armas nucleares en territorio español— obtuvo el 52,5% de los votos. Este resultado consolidó, con matices propios, la integración de España en el sistema de defensa occidental, y en 1997 España se incorporó a la estructura militar integrada de la OTAN.

La solicitud formal de ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) se presentó en 1977, tras años de vetos políticos previos derivados de la naturaleza no democrática del régimen franquista, que había limitado las relaciones a un Acuerdo Preferencial de 1970. Las negociaciones de adhesión, prolongadas durante casi una década debido a la complejidad de sectores sensibles como la agricultura mediterránea, la pesca y la industria siderúrgica, culminaron con la firma del Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985, y la incorporación efectiva de España (junto con Portugal) el 1 de enero de 1986.

La integración europea implicó un proceso de reconversión industrial —particularmente en los sectores naval, siderúrgico y textil— que conllevó un coste social significativo en términos de empleo en regiones industriales tradicionales. A cambio, España se benefició de manera sustancial de los fondos estructurales y de cohesión europeos, destinados a infraestructuras, desarrollo regional y modernización agraria, que contribuyeron a la convergencia de la renta española con la media comunitaria durante las décadas siguientes.

España impulsó a partir de 1991 las Cumbres Iberoamericanas, un mecanismo de concertación política y cooperación entre los Estados de América Latina, España y Portugal, que otorgó a Madrid un papel de interlocutor privilegiado entre Europa e Iberoamérica en ámbitos económicos, culturales y de cooperación al desarrollo.

En octubre de 1991, Madrid fue sede de la Conferencia de Paz de Oriente Próximo, copatrocinada por Estados Unidos y la Unión Soviética, que reunió por primera vez de forma directa a representantes de Israel con delegaciones de países árabes (incluida una delegación conjunta jordano-palestina) y sentó un precedente diplomático para negociaciones posteriores, sin resolver el conflicto de fondo. Este episodio consolidó la imagen de España como sede y facilitadora de procesos de distensión internacional.

En el ámbito económico, España cumplió los criterios de convergencia de Maastricht y se integró en la Unión Económica y Monetaria Europea desde su fase inicial (1999), adoptando el euro como moneda de cuenta y, desde 2002, como moneda física de circulación, lo que consolidó la plena integración de la economía española en el proyecto de unificación monetaria europea.

El gobierno de José María Aznar (1996-2004) orientó la política exterior española hacia una alineación estrecha con Estados Unidos y el Reino Unido, simbolizada por la denominada "foto de las Azores" (16 de marzo de 2003), un encuentro entre Aznar, George W. Bush y Tony Blair —junto con el anfitrión portugués José Manuel Durão Barroso— que precedió a la intervención militar en Irak (marzo de 2003). España participó con un contingente militar en la posterior fuerza multinacional de estabilización en Irak, decisión que generó una amplia contestación social interna, con manifestaciones masivas de oposición a la guerra.

El atentado terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid y el cambio de gobierno tras las elecciones generales celebradas tres días después llevaron a la presidencia a José Luis Rodríguez Zapatero, quien ordenó la retirada de las tropas españolas de Irak en mayo de 2004, cumpliendo un compromiso electoral. La política exterior española reorientó su eje prioritario hacia la relación con Francia y Alemania dentro de la Unión Europea, además de reforzar la agenda multilateral en el marco de Naciones Unidas.

La crisis financiera internacional iniciada en 2008 tuvo en España un impacto particularmente severo, derivado del estallido de una burbuja inmobiliaria previa y de la exposición del sistema bancario, lo que condujo a una crisis de deuda soberana que, en 2012, obligó al gobierno de Mariano Rajoy a solicitar un rescate financiero europeo de hasta 100.000 millones de euros para la recapitalización del sector bancario, gestionado a través del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y sujeto a condicionalidad de reformas estructurales. La crisis contribuyó a una fractura del sistema de partidos tradicional, con la emergencia de nuevas formaciones políticas (Podemos, Ciudadanos) que pusieron fin al bipartidismo PP-PSOE consolidado desde 1982.

La crisis institucional catalana alcanzó su punto de mayor intensidad en octubre de 2017, con la celebración de un referéndum de autodeterminación declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y la posterior declaración unilateral de independencia por el Parlamento de Cataluña, seguida de la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el gobierno central. El episodio tuvo repercusión internacional, con pronunciamientos de la Unión Europea y de gobiernos de terceros países a favor de la unidad constitucional de España, y derivó en procesos judiciales contra parte del liderazgo independentista, así como en la salida de España de varios de sus dirigentes, con implicaciones posteriores en materia de extradición y cooperación judicial europea.

La pandemia de COVID-19 (2020-2021) tuvo un fuerte impacto económico en España, particularmente en sectores como el turismo, lo que situó al país entre los principales receptores de los fondos europeos Next Generation EU, aprobados en julio de 2020, con una asignación española superior a los 140.000 millones de euros entre transferencias y créditos, condicionada a la ejecución de un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sujeto a hitos y objetivos verificables por la Comisión Europea.

Tras la invasión rusa de Ucrania (24 de febrero de 2022), España se alineó con el conjunto de la Unión Europea y la OTAN en la aplicación de sanciones económicas a Rusia y en el apoyo político, financiero y de material militar a Ucrania, además de acoger la Cumbre de la OTAN de Madrid (junio de 2022), en la que la Alianza aprobó un nuevo Concepto Estratégico que identificaba a Rusia como la amenaza más significativa y directa para la seguridad de sus miembros. España mantuvo asimismo, junto con sus socios europeos, una posición de condena de las acciones militares en el conflicto de Oriente Medio derivado de los ataques del 7 de octubre de 2023 y su posterior escalada, incluyendo el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del gobierno español en mayo de 2024.

La política española hacia el Sahara Occidental experimentó un giro significativo en marzo de 2022, cuando el gobierno de Pedro Sánchez remitió una carta al rey de Marruecos, Mohamed VI, en la que calificaba el plan marroquí de autonomía para el Sahara Occidental como "la base más seria, realista y creíble" para la resolución del conflicto, un cambio respecto a la posición de neutralidad activa mantenida por gobiernos españoles anteriores desde 1975. Esta decisión mejoró las relaciones bilaterales con Rabat tras la crisis diplomática de 2021 —vinculada a la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali—, pero generó una respuesta de rechazo por parte de Argelia, que suspendió el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España (junio de 2022) y, posteriormente, introdujo restricciones comerciales que afectaron singularmente a las relaciones económicas bilaterales, en un contexto de relevancia estratégica de Argelia como proveedor de gas natural para España.

Hacia 2026, España mantiene una posición consolidada como miembro de la Unión Europea, la OTAN, la ONU, el G20 y otros foros multilaterales, con una economía integrada en la eurozona y una política exterior articulada en torno a tres ejes principales: el eje europeo (con un peso creciente en las discusiones sobre ampliación de la UE, política migratoria común y defensa europea), el eje atlántico-transatlántico (en el marco de la OTAN y la relación con Estados Unidos), y el eje mediterráneo-magrebí (gestionando de forma simultánea la relación con Marruecos, Argelia y los flujos migratorios desde el norte de África). El peso específico de España en la gobernanza europea se sostiene en su condición de cuarta economía de la eurozona, su papel como receptor y ejecutor destacado de los fondos Next Generation EU, y su participación activa en los debates sobre la arquitectura de seguridad y defensa europea derivados del contexto abierto por la guerra de Ucrania.